Una app para frenar la corrupción

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Una app para frenar la corrupción

Mar, 06/12/2016
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Medio: Más por Más

Hasta 160 torres y edificaciones irregulares son apenas el botón de muestra de lo que Enrique Alfaro y su equipo se encontraron al llegar al ayuntamiento de Guadalajara, en octubre de 2015.
A eso se han ido sumando otros hallazgos: licencias de comercio otorgadas sin el debido uso de suelo, otras licencias de giros comerciales que no correspondían con el negocio señalado, y un desorden administrativo que hace que ni siquiera el ayuntamiento tenga señalada la categoría de colonia en las licencias que genera.

Pero lo que hay de fondo, en todo este desorden, es corrupción. Y la solución podría estar en la tecnología.

Mario Arauz, director de innovación gubernamental del ayuntamiento tapatío señala que todas estas prácticas deberán de ir terminando, una vez que entre en operación una plataforma electrónica llamada GIC, y que será financiada con un millón de dólares que otorgará la fundación Bloomberg Philanthropies, en el marco del Mayor Challenge.

La semana pasada el ayuntamiento de Guadalajara fue condecorado con esta subvención luego de ser uno de los 20 finalistas del Mayor Challengue. El funcionario tapatío señala que un grupo de colegas estuvieron en Bogotá, Colombia, para pulir la idea que presentaron como un proyecto innovador que ayudará a reducir las prácticas de corrupción.

Plataforma accesible

Comienza la cuenta regresiva. De acuerdo con el calendario presentado en el proyecto para obtener el millón de dólares, el gobierno municipal se compromete a generar una plataforma electrónica que ayude a los ciudadanos a dos cosas, básicamente.

En primer lugar, a que las tecnologías de la información puedan ayudar a inhibir las “prácticas discrecionales y de corrupción en la emisión de permisos para acciones urbanísticas”.

En segundo lugar, que ayude al ciudadano a generar certezas jurídicas de los predios donde quiera invertir su dinero, ya sea para un negocio o una casa habitación.

Basta recordar que, en septiembre pasado, Máspormás publicó un breve listado de las acciones urbanísticas que han tenido que pagar los inversionistas que, por acción u omisión, construyeron de manera irregular. Hasta ese momento sumaban 111 millones de pesos, de acuerdo con la información dada a conocer por la propia comuna tapatía.

El problema persiste

El problema de fondo continúa. Los Planes Parciales de Desarrollo Urbano siguen judicializados, en algunas zonas desde el año 2004. Mario Arauz, encargado de generar la plataforma electrónica, dice que la base del proyecto son el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano (Potmet) y los planes parciales.

Al ser cuestionado al respecto, el director de innovación gubernamental responde que el dinero se utilizará principalmente para la compra de infraestructura tecnológica.

“La consulta de los planes parciales sigue desarrollándose, y en el caso del Potmet ya se publicó (el documento). Ese es un aspecto técnico que a nosotros no nos pega tanto. Nosotros lo que hacemos es traducir los planes parciales a una base de datos. Y luego lo podemos resolver con algoritmos. Mientras están los nuevos planes parciales vamos a construir la plataforma con lo que esté vigente”.

La plataforma que generarán a partir del mes de enero, fecha en que podrán comenzar a ver depósitos de dinero provenientes de Bloomberg Philanthropies, será para la compra de servidores y la generación de una “pequeña oficina” que resuelva los aspectos técnicos.

Hoy en día uno de los puntos criticados del Plan de Compensación Urbana que sanciona a los constructores irregulares es que las multas son calculadas a partir del valor catastral de los predios donde se desarrollaron los edificios.

Esto quiere decir que los precios de la tierra están calculados, en la mayoría de los casos, en las tablas de valores catastrales que tienen como referencia unos planes parciales de desarrollo que no se han actualizado, en algunos casos como el Distrito Centro y Minerva, desde el 2004.

No detener inversiones

El director de innovación gubernamental señala que comenzarán a operar la plataforma electrónica para el siguiente año. Sin embargo, “para poder medir los resultados deberán de pasar por lo menos tres años”.

Entre las categorías que medirán, para ver si el proyecto funcionó, están la generación de nuevas licencias que no detengan las inversiones en la ciudad.

“Los principales indicadores tienen que ver con la cantidad de transacciones que se generen. Desde el número de usuarios de la plataforma, hasta el número de licencias para abrir un comercio. Sobre todo, reducir el tiempo para abrir un giro”.

El funcionario señala que un área de oportunidad que han encontrado es en las licencias de giro tipo A, es decir, aquellos giros blancos que no venden alcohol y que no requieren una inspección mayor de Protección Civil.

“Queremos que esas licencias sean inmediatas: llenar un formulario, hacer mi pago en línea y descargar la licencia”. En el caso de las licencias de construcción “seguirán los mismos pasos que marca la ley y el Código urbano, pero lo que queremos es que los vistos buenos sean más automáticos, sin necesidad de papeleo”. En todos los casos, la misma plataforma será la que indique si el uso de suelo es permitido para determinado giro comercial, o para la construcción de una nueva edificación.